El 1 de junio de 2017, ciudadanos y residentes dominicanos despertaron sujetos a un nuevo marco de lavado de dinero. La Ley Nº 155-17 reemplazó el estatuto anticuado de lavado de dinero No. 72-02, que se había promulgado con un enfoque principal en el lavado de dinero derivado de actividades relacionadas con drogas ilegales.
Las ramas ejecutiva y legislativa impulsaron la aprobación de este nuevo estatuto en un tiempo récord durante el primer semestre de 2017, siguiendo la guía del Grupo de Acción Financiera de América Latina (GAFILAT), una organización regional del G-7. La no adherencia a dichas directrices generales para el otoño de 2017 podría haber causado que el país se incluyera en la lista negra y vio su acceso a los principales mercados de capitales internacionales – a la cual la RD ha crecido muy aficionado en los últimos años – cerrado.
Después de toda la atención que este tema ha recibido en los medios de comunicación en general, estamos seguros de que la mayoría de los residentes de Casa, ya sean dominicanos o extranjeros, ya se preguntan si y cómo esta nueva ley les afectará. Sus preocupaciones no son infundadas: el impacto principal que tendrá este nuevo estatuto en la vida cotidiana, serán los límites que impone a las operaciones de caja. Se han establecido nuevos límites estrictos para los pagos en efectivo en ciertas operaciones que la ley describe como vehículos potenciales para los planes de lavado de dinero, tales como:
Pagos por bienes raíces por encima de RD $ 1,000,000.
Pagos por vehículos de motor por encima de RD $ 500.000.
Pagos por joyas por encima de RD $ 450,000.
Pagos por transferencias de acciones corporativas por encima de RD $ 250,000.
Un cambio importante para el mercado de bienes raíces traído por esta nueva ley, es que ahora, independientemente de la cantidad involucrada, el Registrador de Títulos está exigiendo a los compradores también presentar evidencia de pago a través de un método no efectivo para procesar sus títulos de propiedad. No cumplir con este nuevo requisito, significará que su trámite será rechazado y el título permanecerá en nombre de su vendedor, con todos los riesgos que conlleva. Por ejemplo, si el pago del precio de compra de una villa de US $ 400,000 se hace a través de una transferencia bancaria internacional, el Registrador de Títulos requerirá al comprador depositar el comprobante de su banco o confirmación rápida para esta cantidad exacta y todos los detalles de la transferencia. Antes de esta nueva ley, las partes se limitarían a mencionar el precio en el acta de venta firmada y que dicho precio había sido pagado en su totalidad sin más detalles.
Se han establecido procedimientos similares en la Oficina de Impuestos (DGII) para las transferencias de títulos de vehículos de motor y en las Cámaras de Comercio para las transferencias de participaciones societarias. Estos nuevos requisitos de presentación ya están causando mayor incertidumbre dentro de la industria de bienes raíces y legales, ya que la ley es demasiado ambigua en cuanto a lo que exactamente estos registros se les permite requerir como prueba de pago. La Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia ya está trabajando en el fallo de aplicación de la nueva ley que se espera resolver y aclarar estas incertidumbres.
Otro cambio importante se refiere al número de partes que ahora están sujetas a reportar actividades derivadas del lavado de dinero que precede a las infracciones. Antes de esta ley, sólo las instituciones financieras eran consideradas como sujetos informantes. El nuevo estatuto incluye ahora una lista de partes no financieras sujetas, tales como corredores de bienes raíces, casinos, abogados, notarios públicos, contadores, que ahora tendrán que establecer nuevos procedimientos de debida diligencia de lavado de dinero y de conocimiento de su cliente, actividades irregulares, todo ello de acuerdo con los nuevos requisitos de cumplimiento y reporte de la ley.
Por último, y tal vez una de las otras novedades clave de esta nueva ley es que es mucho más abarcador que el estatuto anterior (que sólo se centró en las actividades de drogas ilegales), ya que establece una amplia y extensa lista de más de 30 delitos e infracciones que son considerados como delitos de lavado de dinero previos a actividades criminales, tales como: delitos financieros, soborno, soborno transfronterizo, extorsión, evasión fiscal y otras infracciones tributarias, información privilegiada y uso de información privilegiada o confidencial, manipulación del mercado, infracciones cometidas por funcionarios públicos, infracciones medioambientales, enriquecimiento injustificado y cualquier otra infracción penal con pena de prisión de 3 años o más.
Alfredo A. Guzmán
Alfredo A. Guzmán Saladín, abogado y socio de Guzmán Ariza, Abogados (www.drlawyer.com), abogado de Legal 500 Latin America. La firma es un bufete de abogados nacional de servicio completo fundado en 1927 y dedicado a atender las necesidades de inversionistas internacionales en la República Dominicana, con siete oficinas ubicadas en La Romana, Santo Domingo, Punta Cana, Las Terrenas, Sosúa-Puerto Plata, Samaná y Cabrera. Un residente de la Casa, Alfredo está basado en las oficinas de la firma La Romana y Punta Cana y puede ser contactado en aguzman@drlawyer.com o (809) 550-6400 – (829) 259-3058.
* Este artículo fue aportado por Alfredo A. Guzmán, abogado y socio de Guzmán Ariza.
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